Desde el 12 de junio ha entrado en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), la reforma migratoria más ambiciosa aprobada por la Unión Europea en años. No se trata de una norma única, sino de un conjunto de reglamentos que regulan todo el recorrido de una persona migrante en territorio europeo: desde su identificación en frontera hasta la tramitación de su solicitud de protección internacional o, en su caso, su expulsión.
Bruselas defiende que el nuevo marco hará el sistema más eficaz y solidario, gracias a un reparto de responsabilidades entre los Estados miembros y a procedimientos más rápidos. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten de que el pacto puede debilitar el derecho de asilo y consolidar una política centrada en el control más que en la protección.
Uno de los elementos más discutidos es el filtro fronterizo, un primer cribado que debe identificar a quienes solicitan protección y detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, a menudo en plazos muy breves. Esta rapidez dificulta detectar casos como víctimas de trata, tortura o menores no acompañados. También preocupa el refuerzo de los conceptos de "país de origen seguro" y "tercer país seguro", que podrían dificultar el examen individualizado de cada solicitud y facilitar devoluciones.
El nuevo reglamento de retorno, por su parte, amplía los periodos de internamiento y abre la puerta a centros de retorno fuera de la Unión Europea, lo que podría traducirse en expulsiones hacia países sin vínculo alguno con la persona afectada.
El problema estructural sigue siendo la falta de vías legales y seguras para llegar a Europa, lo que empuja a muchas personas hacia rutas peligrosas y situaciones de irregularidad administrativa.
Así pues, ante esta nueva legislación europea toma más fuerza la pregunta sobre qué modelo migratorio quiere consolidar Europa en los próximos años, y si el derecho de asilo seguirá siendo una garantía real o quedará cada vez más limitado sobre el papel.
Cata González, stj
