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Mujeres, jóvenes e inmigrantes son los colectivos más afectados por el impacto de la tercera ola de la pandemia en el empleo

Los datos de paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogen un incremento de 44.436 personas en el mes de febrero respecto al mes de enero (1,12%).

El número de personas desempleadas inscritas desciende en la construcción, se mantiene prácticamente estable en la Industria y aumenta, sobre todo, en el sector servicios, el más sensible a las restricciones de la actividad de la tercera ola de la pandemia.

Los datos también muestran que este aumento afecta más a mujeres y jóvenes. El desempleo masculino en el mes de febrero se incrementa en 13.032 (0,77%) hombres y se sitúa en 1.704.010 desempleados inscritos. En el caso de las mujeres crece en 31.404 (1,38%) hasta alcanzar un total de 2.304.779 inscritas (600.769 más). El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se incrementa en febrero en 9.280 personas (2,60%) respecto al mes anterior.

Para EAPN-ES, el dato del paro registrado muestra una tendencia muy negativa, que refleja el impacto de la tercera ola de la pandemia sobre el empleo en los sectores más precarizados de la economía.

Según Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de EAPN-ES, «el paro en España tiene cinco características: está cronificado, territorializado, feminizado, focalizado en la juventud y etnizado». 

Por otra parte, las personas inmigrantes son las más afectadas en esta crisis económica generada por la pandemia. Las mujeres inmigrantes tienen las tasas de paro más elevadas, así como quienes no hayan podido renovar sus permisos de trabajo, que pasarán a una situación de irregularidad sobrevenida. 

«Las previsiones son malas, porque partíamos de una situación de crisis social prolongada, con casi 12 millones de personas riesgo de pobreza o exclusión social antes de la COVID-19. La Comisión Europea estima que en el caso de España, superaríamos los 12 millones lo cual nos devolvería a más de 28%, el peor dato de la serie histórica», agrega Graciela Malgesini.

Con respecto al mercado de trabajo, antes de la pandemia, ya existía un uso generalizado de los contratos temporales, los cuales no comportan prestaciones por desempleo y por lo tanto generan inestabilidad y deficiencia de ingresos. Como señalamos en el Poverty Watch 2020, la precariedad laboral afecta en mayor medida a las mujeres y a la juventud. El paro prolongado provoca una pérdida de la protección social.

El Escudo Social diseñado para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 y las medidas del Estado de alarma se centran en tres aspectos:

  • Evitar la pérdida de la vivienda habitual.
  • Proporcionar acceso a ayudas a las personas trabajadoras en situación precaria.
  • Proporcionar una mayor liquidez temporal a los hogares vulnerables.

Dos medidas son destacables:

  • La puesta en funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal, dirigido especialmente a hogares sin ingresos y en situación de pobreza severa.
  • Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) para las compañías afectadas por los cierres.

Estas medidas están teniendo un efecto de contención del impacto de la crisis sobre el empleo, aunque las variables de alcance y velocidad de la resolución de las prestaciones serían mejorables.

La pandemia es responsable de la pérdida de empleos en el sector de servicios, pero estos tienen efectos encadenados en otros sectores. Al aumentar el número de hogares sin ingresos, aumentará la pobreza severa y al ampliarse el número de hogares con un nivel de prestaciones bajas se provocará un aumento de la pobreza relativa.

Para mitigar los efectos, España debe aún aumentar la inversión social, cumpliendo con la Carta Social Europea revisada y el Pilar de Derechos Sociales, progresando en las metas fijadas por España en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este sentido, los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia representan una excelente oportunidad para emprender políticas innovadoras, de medio y largo plazo, que contemplen las soluciones a los problemas estructurales y atiendan a las realidades sociales.

FUENTE: EAPN (European Anti Poverty Network)

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